Comunidad del sector afectado por el Metro Liviano del 80 exige respuestas claras sobre adquisición predial y reubicación.
Los habitantes del sector donde se proyecta la construcción del Metro Liviano del 80 en Medellín continúan a la espera de respuestas concretas por parte de la Alcaldía, el Metro y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED). La preocupación principal radica en la garantía de sus derechos en el proceso de adquisición predial y reubicación.
Desde el anuncio del proyecto, los habitantes han manifestado inquietudes sobre la transparencia en la compra de predios, la justa compensación y las condiciones de reubicación. Algunos residentes aseguran que no han recibido información clara sobre las ofertas de compra, mientras que otros temen que las compensaciones propuestas no sean suficientes para acceder a una vivienda en condiciones similares a las que actualmente poseen.
El Metro Liviano del 80 es un proyecto de movilidad estratégica para la ciudad, con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir la congestión vehicular. No obstante, el impacto social que puede generar ha sido motivo de debate, pues afecta a cientos de familias que han construido su vida en la zona intervenida. La falta de claridad en los procesos ha generado incertidumbre y resistencia entre los afectados, quienes exigen un diálogo más efectivo con las autoridades.
El ISVIMED, entidad encargada de gestionar la reubicación de las familias afectadas, ha señalado en diversas ocasiones que trabaja en planes para garantizar el acceso a soluciones de vivienda digna. Sin embargo, la comunidad insiste en que las acciones deben ser más ágiles y ajustadas a las necesidades reales de los afectados.
Por su parte, la Alcaldía de Medellín y el Metro han defendido el proyecto argumentando que traerá beneficios a largo plazo para la movilidad de la ciudad y que se están cumpliendo los protocolos de adquisición predial establecidos por la ley. Aun así, los moradores insisten en la necesidad de mayor acompañamiento social y en la revisión de las condiciones de compensación.
Ante esta situación, la comunidad continúa exigiendo que sus derechos sean respetados y que las autoridades garanticen procesos justos, transparentes y equitativos. La solución al conflicto dependerá de la capacidad de diálogo entre las partes y del cumplimiento de compromisos que permitan mitigar el impacto del proyecto sobre los habitantes del sector.
