El asesinato de Jaime Gallego y el exterminio sistemático de los líderes sociales en Colombia no pueden ser paisaje: carta al presidente Gustavo Petro sobre la negligencia estatal

Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -CORPADES- le envío la siguiente carta al presidente Gustavo Petro, a propósito del asesinato del líder social, minero y ambiental, Jaime Gallego, y de la desprotección, en general, de los líderes sociales en Colombia.

Éste es el texto completo de la comunicación al Jefe de Estado:

No podemos seguir naturalizando los homicidios de líderes sociales como si fueran un elemento más del paisaje, como si la muerte violenta de quienes alzan su voz en los territorios fuera una fatalidad inevitable, un dato estadístico que se suma a las crónicas de la tragedia nacional.

No es un juego, ni una metáfora deportiva: nos están matando.

En la madrugada del 9 de marzo, el compañero Jaime Gallego, conocido como «Mongo«, fue secuestrado, al parecer torturado y asesinado en un acto que no solo segó su vida, sino que abrió una herida profunda en la dignidad de un pueblo entero.

Este crimen, perpetrado en Vegachí, Antioquia, no es un hecho aislado; es parte de una violencia selectiva y planificada que amenaza con extinguir cualquier esperanza de quienes luchan por la justicia social en Colombia.

La historia de Jaime Gallego resuena con ecos trágicos del pasado. Su asesinato evoca el de Ana Fabricia Córdoba en 2011, una lideresa que, al igual que Mongo, fue abandonada por el Estado, dejada a la deriva frente a los victimarios que encontraron en la negligencia institucional un camino libre para sus balas.

Antes de su muerte, Jaime había realizado graves denuncias en Segovia sobre hechos que comprometían a las autoridades, a la seguridad local y a los derechos de su comunidad. Sin embargo, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la fuerza pública mostraron interés alguno en atender sus llamados.

Esta omisión no es un detalle menor: podría ser la primera hipótesis que explique el origen de las balas que lo silenciaron. ¿Quiénes se benefician de su muerte? ¿Por qué las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos parecen mirar hacia otro lado mientras los líderes caen uno tras otro? ¿Por qué muchas autoridades no han salido a rechazar este crimen?

Desde cualquier perspectiva, la muerte de Jaime Gallego nos interpela sobre el sentido mismo de la existencia colectiva: ¿qué significa vivir en sociedad si el derecho a la vida, el más fundamental de todos, no está garantizado para quienes defienden los intereses del pueblo?

En términos políticos, el asesinato de líderes sociales pone en cuestión la legitimidad del Estado. Si el contrato social implica la protección de los ciudadanos, ¿cómo justificar la ausencia de garantías para quienes, como Jaime, arriesgan todo por denunciar las injusticias?

¿Dónde están las promesas del Gobierno en materia de prevención y protección? ¿Por qué, tras tantas reuniones y las Plataformas de los DD. HH., planes y protocolos, seguimos asistiendo al exterminio de aquellos que encarnan la resistencia pacífica en los territorios?

Y no podemos dejar de preguntar, señor presidente, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el asesinato de Jaime Gallego, cuando su seguridad fue vulnerada de manera evidente? ¿Qué pasó con el relevante escolta que debería ocupar el puesto de uno de los escoltas principales en el esquema de seguridad? ¿Por qué la UNP no activó un mecanismo urgente para llegar al lugar donde se encontraba el vehículo, considerando que este contaba con GPS? ¿Por qué, tras la liberación del escolta que salió en el vehículo de protección, no se reportó su ubicación?

Estas omisiones no solo reflejan una negligencia inaceptable, sino que también, evidencian las fallas estructurales de una entidad inhumana que parece incapaz de cumplir con su mandato de proteger a los líderes sociales en riesgo, dejándolos expuestos a un destino fatal.

Por otro lado, no es admisible que funcionarios de la UNP sigan justificando la crisis que enfrentan los protegidos con el pretexto de la falta de recursos, mientras al interior de la entidad se evidencian despilfarros y favoritismos que indignan a la sociedad.

Proteger vidas no puede ser considerado un gasto, sino una inversión prioritaria en un país sumido en una crisis que aún no logra enfrentar su realidad. Es hora de replantear el modelo de seguridad: ¿ha dado resultados la tercerización? ¿No sería este el momento de crear un organismo de protección más humano, menos burocrático y paquidérmico?

Agradecemos los esfuerzos por una paz parcial, pero no podemos ignorar la cadena de fallas que condena a los líderes sociales a un destino trágico, perpetuando una violencia que amenaza con extinguir las voces de quienes luchan por la justicia. De poco sirve contar con esquemas de seguridad si los riesgos no se mitigan de manera efectiva.

La UNP arrastra una serie de fallos que comprometen la vida de los defensores: vehículos en pésimas condiciones para zonas rurales e incluso urbanas; análisis de riesgos superficiales, incluso presuntas presiones indebidas desde directivos de alto nivel a los analistas para que sus informes se enfoquen en el desmonte de esquemas, informes que, por cierto, muchas veces ignoran, con intención o por ineptitud, las dinámicas territoriales, sin análisis de contexto. Terminan siendo decisiones impuestas desde arriba que llevan a un desmantelamiento masivo de esquemas que deja a los líderes en absoluta indefensión.

Les preocupa mucho los gastos en seguridad, cuando esta triste realidad parece indicar que, paradójicamente, la vida de los seres humanos no vale nada. Mientras la entidad sostiene que la situación “no está tan mal”, la realidad es devastadora: las vidas de quienes denuncian injusticias se desvanecen en medio de una violencia implacable.

Para una entidad del orden nacional como la UNP, las cosas andan bien. Sin embargo, se les olvida que la mayor parte de las estructuras armadas organizadas en Colombia han asesinado, durante el “Gobierno del Cambio” o “Gobierno de las Oportunidades”, a 450 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Lo más triste es que algunas de estas estructuras están vinculadas directamente a la llamada “Paz Total”.

No, señor presidente, las directivas de la UNP, su “gente de confianza”, ve el país con ojos de mercaderes, con ojos de burócratas. Solo les interesa estar en el juego del poder estatal para poder sacar rédito de ello.
En Antioquia cientos de líderes enfrentan trabas burocráticas para acceder a medidas de protección, con vehículos mal mantenidos y resoluciones incumplidas que abren brechas que son aprovechadas por los victimarios.

Lejos de ser un escudo, la UNP parece facilitar el camino a los asesinos, abandonando a su suerte a quienes luchan por la justicia en un país que no termina de protegerlos.

El caso de Jaime Gallego no solo expone la negligencia estatal, sino que también, y, sobre todo, nos obliga a ser autocríticos como organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué seguimos dejando solos a los líderes en riesgo?

Es imperativo que nos preguntemos qué estamos haciendo mal, qué dinámicas internas perpetúan esta orfandad estructural. El abandono de Jaime no es solo responsabilidad del Estado; también lo es de quienes, desde la sociedad civil, no hemos logrado articular una respuesta contundente frente a este genocidio silente.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, el caso de Jaime Gallego es un vivo ejemplo paradigmático de las fallas estructurales del Estado colombiano. La Sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional, que declara el Estado de Cosas Inconstitucional respecto a la situación de las personas defensoras y liderazgos sociales, parece ser letra muerta. Para qué sirven los Puestos de Mando Unificado, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), los planes de prevención y protección ¿si los líderes sociales siguen siendo asesinados en total impunidad?

¿De qué valen los protocolos si en los territorios la paz parcial se deteriora por la falta de estrategias efectivas y la carencia de voluntad política para fortalecer la vía de la paz?

El mecanismo de búsqueda urgente que debió haber sido activado de inmediato desde el 3 de marzo, fecha en que se reportó la desaparición de Mongo, fue ignorado hasta el último minuto por la Personería Municipal, por la fuerza pública y otras instituciones. No hubo una reacción inmediata para llegar a la zona donde fue secuestrado, torturado y asesinado.

En Vegachí, donde ocurrió el crimen, la fuerza pública parece tener su zona más vedada, un territorio en donde los victimarios actúan sin temor a represalias. Esto no es normal, ni puede ser aceptado como tal. La ausencia de acciones concretas por parte del Estado no solo perpetúa la impunidad, sino que envía un mensaje devastador a los líderes sociales: están solos y sus vidas no importan. El homicidio de Jaime Gallego no fue solo un ataque contra un individuo, fue un crimen calculado contra la dignidad de los habitantes de Segovia, de Remedios, de Antioquia y de Colombia entera.

La despedida que la población de Segovia ofreció a Mongo reflejó no solo el dolor de su pérdida, sino también la orfandad en la que quedan las comunidades que dependían de su liderazgo. Este asesinato fue un golpe directo al corazón de cada habitante que sueña con un país distinto, un acto de violencia que demuestra cómo los cobardes asesinos disparan con total poder e impunidad.

Coincidimos con la Fundación Sumapaz cuando plantea preguntas que compartimos plenamente: ¿para qué sirven todos los mecanismos creados si los territorios siguen siendo escenarios de una violencia selectiva contra los líderes sociales?

La magnitud de este crimen deja vacíos en las garantías que, supuestamente, amparan a los defensores de derechos humanos en el país. Nos enfrenta, además, a la necesidad de transformaciones profundas, no solo en las políticas públicas, sino en nuestra propia forma de organizarnos y resistir como sociedad.

Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es el silencio generalizado de algunas plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales, a quienes hacemos un llamado respetuoso. Para muchas, el asesinato de Jaime Gallego parece ser una cifra más en las estadísticas de la violencia, un dato que se archiva sin mayores reflexiones.

No han comprendido que este crimen no es solo una pérdida individual: es un ataque contra el tejido social que sostiene la lucha por la justicia y la paz. La muerte de un líder social no puede ser reducida a un número; es una herida que afecta la capacidad de las comunidades para organizarse, para soñar, para resistir.

Es hora de romper el silencio. No podemos seguir asistiendo pasivamente a este exterminio que no cesa. Las organizaciones sociales del país debemos unirnos, alzar la voz y exigir que se investigue el asesinato de Jaime Gallego con la seriedad que merece.

Pero más allá de la investigación, necesitamos acciones concretas que garanticen la vida de quienes, día a día, enfrentan las amenazas de los poderosos en los territorios. No es suficiente la condena de los hechos. Es crucial construir una red de protección real, que cultive y concrete una solidaridad efectiva que no deje a ningún líder solo de frente a los adversarios.

Señor presidente, el asesinato de Jaime Gallego no puede ser tratado como un caso más. Es una señal de alarma, un recordatorio de que el camino hacia la paz está lleno de obstáculos que no se superan con discursos que, aunque suenen elocuentes, son en realidad vacíos; tampoco se superan con promesas incumplidas. De esto ya hemos tenido bastante en nuestra historia patria.

Desde una perspectiva filosófica, este crimen nos obliga a repensar el valor de la vida humana y el sentido de la justicia en una sociedad marcada por la desigualdad y la violencia. Desde la ciencia política, nos desafía a construir un Estado que cumpla con su deber de protección. Y desde el derecho internacional humanitario, nos exige que las normas que protegen a los defensores de derechos humanos dejen de ser meras palabras para convertirse en realidades tangibles.

Instamos a las organizaciones sociales, a los ciudadanos, a las instituciones y al Gobierno a no seguir guardando silencio frente a este exterminio. La muerte de Jaime Gallego debe ser el punto de inflexión que nos lleve a verdaderos cambios y transformaciones.

No queremos más líderes asesinados. No queremos más comunidades en orfandad. Queremos un país en donde alzar la voz no tenga como efecto inminente la sentencia de muerte.

¿Es mucho pedir?