El Estado y sus gobernantes deben garantizar la Paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento
La decisión del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de no aceptar la invitación del alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, de sentarse a la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC, tiene el apoyo de quienes consideran que es coherente con su postura frente al proceso de Paz Total y la política de seguridad del presidente Gustavo Petro, además de que es consecuente con la posición del partido Centro Democrático, respecto de las negociaciones con la guerrilla.
Sin embargo, el abogado especialista en Derecho Público, David Suárez Tamayo, afirma que de acuerdo con los mandatos constitucionales de los artículos 2, 22, 95 y 305 de la Carta Política de Colombia, el Gobernador no puede soslayar las oportunidades de garantizar el derecho a la Paz de los antioqueños y que debería aprovechar escenarios de diálogo como el organizado en Yarumal este jueves, 20 de junio de 2024, para expresar su disentimiento con el grupo guerrillero y con el presidente Petro.
Suárez Tamayo precisó, además, que el Gobernador hubiera quedado mejor con el Departamento y con el anhelo generalizado de llegar a la Paz negociada -a la que no se llegará jamás militarmente- asistiendo a la reunión, en la que no había ningún compromiso de aprobar absolutamente nada.
El Jurista recordó en el programa ClickCracia de ElCanal.co que la Constitución dice en sus artículos 2 y 22 que la Paz es una obligación. De ahí debe partir cualquier decisión de un gobernante. Por eso se equivoca el Gobernador de Antioquia al no aceptar sentarse en una mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las FARC.
Le recordó, igualmente, al Gobernador que los diálogos y los procesos de paz se hacen es con los enemigos. Sin embargo, comprende plenamente que el Gobernador es coherente con la posición de su partido, Centro Democrático, que ha sido contrario al diálogo con la guerrilla.
«¿Qué les decimos a las comunidades que sufren las violencias de la guerrilla, de los paramilitares, de la delincuencia organizada y del mismo Estado? ¿Tiene el Gobernador la capacidad de garantizar la Hegemonía de la fuerza pública para garantizar la protección de la vida, de los bienes, de los derechos y de las libertades de los antioqueños?», se preguntó en ClickCracia el abogado Suárez Tamayo.
Agregó que la Ley 2272 de 2022 dice que la Paz es una política de Estado: el Presidente es responsable y competente para adelantar negociaciones de paz. Los gobernadores son agentes del Presidente en Orden Público (Art. 304 CN).
En la entrevista de David Suárez Tamayo en ClickCracia se refirió también a la audiencia en el Consejo de Estado sobre la demanda de pérdida de investidura de los congresista que donaron a la Vaca de las Vías 4G. A propósito dijo que ojalá la pérdida de investidura de un congresista no sea por “cosas” menores, como el aportar a una “Vaca”. Le parece bueno el ejercicio del abogado Carlos Patiño, el demandante, pero cree que se apresuró en la demanda y alertó a los que pudieran estar expuestos porque la donación no es un contrato y está en discusión. Si lo es, no se formalizó. Además, algunos de los congresistas realmente no hicieron la donación, aunque hayan hecho la “pantomima” en redes.
Sobre el ataque de concejales de Medellín a la exconcejal María Paulina Aguinaga, se preguntó: «¿Para ser contratista de la Gobernación hay que ser de Centro Democrático? ¿Se están tomando decisiones sin contar con el Gobernador?».
Concluyó que el abuso verbal, odioso y rencoroso, de muchos quinteristas contra la clase política y empresarial no vincula a todos los que trabajaron en esa administración.
Los discursos de odio, de venganza, de exclusión deben ser alejados del lenguaje, de nuestra democracia, de nuestro Estado Social de Derecho y de la Administración Púbica.
