La Iglesia hace un llamado a la solidaridad, la justicia social y a la Paz en el Suroccidente colombiano
En el marco de las jornadas de formación sobre la Cultura del Cuidado, organizadas por la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, Arzobispo de Santa Fe de Antioquia, y Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, Obispo de la Diócesis de Itsmina-Tadó y Administrador Apostólico de la Diócesis de Quibdó, expresaron su preocupación por la grave situación de orden público que afecta a la provincia de Popayán y a varias parroquias y diócesis del Suroccidente del País. En este sentido, manifestaron su solidaridad con las comunidades de la región y su compromiso de orar por la pronta superación de los actuales procesos electivos.
“Nos unimos en intenciones para orar para que estos procesos electivos sean superados y pedir a las instituciones que hagan los mejores oficios para que estas situaciones realmente se superen pronto”, enfatizaron.
Los obispos hicieron un llamado urgente a todas las instituciones, especialmente al Gobierno nacional, concejos comunitarios, cabildos
indígenas y asociaciones locales, a que tomen medidas decisivas para enfrentar y resolver las problemáticas actuales.
“Nosotros, como Iglesia, estaremos acompañando con decisión y firmeza, pero son ustedes, el Gobierno nacional y todas estas mesas de diálogo, los que deben liderar estos esfuerzos”, afirmaron.
El llamado es a que todas las instituciones trabajen de manera coordinada y con un compromiso firme para abordar las causas subyacentes de la violencia y la inseguridad que afectan a estas comunidades.
Manifestaron que es preocupante la situación en el departamento del Cauca, incluyendo la Arquidiócesis de Popayán, el Vicariato Apostólico de Tierradentro y el Vicariato apostólico de Guapi, además de otras regiones como Arauca, Chocó y todo el Pacífico, que están sufriendo una cruel ola de violencia.
Los prelados instan a las instituciones a implementar políticas efectivas que promuevan la paz y la justicia social, aborden las necesidades básicas de la población y aseguren la protección de los derechos humanos. Recomiendan fortalecer los diálogos comunitarios y crear espacios de participación ciudadana que permitan a las comunidades expresar sus inquietudes y colaborar en la búsqueda de soluciones.
