De 501 hallazgos, 262 van a la Procuraduría, 156 a la Contraloría y 83 a la Fiscalía

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó este lunes, 4 de marzo de 2024, un informe sobre 501 hallazgos sobre presuntos casos de corrupción en la administración de Daniel Quintero Calle, entre 2020 y 2023. El Alcalde se valió de técnicas de Auditoría Forense para llevar a cabo la investigación que arrojó las irregularidades presuntamente cometidas, las cuales serán puestas a disposición de los órganos de control penal, fiscal y disciplinario: 262 van a Procuraduría General de la Nación y Personería Distrital de Medellín, 156 a la Contraloría General de la República y Contraloría Distrital de Medellín y 83 a la Fiscalía General de la Nación.

“Son 501 hallazgos sólo al día de hoy. Y los folios sólo corresponden a las pruebas de algunas de ellos. Todavía no están EPM, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, Hospital General, Hospital Concejo de Medellín, ni muchas otras que presentan también graves irregularidades”, señaló.

Según Gutiérrez Zuluaga, los hallazgos reflejan la manera en la que se tomaron decisiones de tipo contractual, administrativo, financiero, jurídico y de recursos humanos que impactan los recursos públicos de Medellín en cifras millonarias y que evidencian el precario nivel de transparencia en las actuaciones administrativas.

“En la mayoría nos constituimos como víctimas desde la Alcaldía, lo que nos permitirá asistir a las audiencias, ser notificados de todas las actuaciones y, eventualmente, ser indemnizados por perjuicios”, agregó el Alcalde.

Uno de los hallazgos tiene que ver con el programa Computadores Futuro enn el que -dice Gutiérrez- hubo una presunta adjudicación fraudulenta del contrato, del cual subrayó que tuvo sobrecostos y retrasos: el contrato inicial se adjudicó por un valor de 80.000 millones de pesos. Sin embargo, tuvo seis modificaciones y terminó costando 118.000 millones de pesos. Según el informe, los equipos entregados no cumplían con las especificaciones técnicas contratadas.

Sobre el Presupuesto Participativo manifestó que se evidenció un presunto “carrusel de la contratación” en el que se direccionaron los recursos del Programa para favorecer a 18 corporaciones.

Con relación a la Clínica de la 80, afirma que al parecer hubo un presunto detrimento patrimonial porque fue un negocio mal hecho que dejó pérdidas millonarias.

“La alcaldía del momento firmó un contrato de comodato con la clínica SaludCoop de la 80 y posteriormente hizo adecuaciones en infraestructura física por un valor cercano a los 24.000 millones de pesos; luego SaludCoop solicitó la devolución de la Clínica. La Alcaldía firmó un contrato para vender las adecuaciones a un privado por 12.000 millones, valor que fue inferior al 50% de los recursos públicos invertidos, con el agravante de que los pagos serían a 36 cuotas”, dijo el alcalde Gutiérrez Zuluaga.

El Alcalde de Medellín dijo que ha realizado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de peculado, suscripción de contrato estatal sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

Sobre el programa Buen Comienzo señaló que, de manera arbitraria y sin evaluar la pertinencia, se adquirió un predio donde operaba una funeraria en el barrio Juan del Corral por valor de 5.182 millones de pesos, el cual no es apto para la construcción y funcionamiento de un jardín infantil, conforme con los usos del suelo, con el agravante que se requirieron más de 7.315 millones de pesos para su puesta en funcionamiento.

Actualmente, la Fiscalía tiene imputaciones contra  exfuncionarios por presuntos hechos de corrupción en la contratación, con sobrecostos para los paquetes alimentarios del Programa, entre los que se encuentran la Exsecretaria de Educación, la Exdirectora Técnica del Programa y el Representante Legal de una de las corporaciones que funcionaba como operador.

Sobre el Parque de Las Aguas, el informe advierte que con recursos públicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de Metroparques, se firmaron contratos cercanos a los 22.000 millones de pesos para el mantenimiento, en los que se evidencia un presunto ‘carrusel de contratistas’ sin la experiencia e idoneidad.

En este hecho se configuran presuntamente los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación y uso de documento falso.

“Queremos ser muy responsables con algo, y es calcular el daño al Distrito. No nos corresponde a nosotros cuantificarlo. En todos estos casos estamos constituyéndonos como parte y como víctimas, lo que nos permitirá seguir aportando elementos probatorios y reclamar el daño causado a nuestro patrimonio”, expresó Federico Gutiérrez Zuluaga.